Vox quiere eliminar expresión “motivos racistas y antisemitas” del delito de odio

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Vox quiere eliminar la mención expresa que el Código Penal español hace a los “motivos racistas y antisemitas” en la definición de los delitos de odio. Así figura en una de las enmiendas presentadas por dicho grupo al proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia,que este miércoles se debate en ponencia en el Congreso.

El País/Israel Internacional.-

El partido ultra propone cambiar la tipificación de este delito, previsto en el atrículo 510 del Código Penal, manteniendo el castigo a quienes fomenten, promuevan o inciten al odio, la discriminación o la violencia contra un grupo o una persona por razón de su ideología, religión, etnia, raza, nación, sexo, orientación sexual, etcétera, pero suprimiendo las referencias expresas que la ley vigente hace a los “motivos racistas y antisemitas”.
Aunque esta mención puede parecer redundante, por estar ya implícita en las alusiones a la raza o la religión, España las incluyó en su legislación debido a los compromisos internacionales adquiridos y para poner el foco en dos de las manifestaciones históricamente más graves de crímenes contra la humanidad: el racismo y el antisemitismo.

No se trata de un fenómeno erradicado en España. La Fiscalía ha abierto recientemente diligencias ante las proclamas antisemitas lanzadas en un homenaje neonazi a la División Azul celebrado el pasado 13 de febrero en Madrid, en el que una dirigente falangista sentenció: “El judío es el culpable”.

Vox no ha contestado a la petición de El País para que explique las razones de esta modificación y tampoco la justifica en el escrito que ha presentado en el Congreso. Sin embargo, no puede deberse a un mero error, pues ha suprimido la expresión “motivos racistas [y] antisemitas” cinco veces, en cinco párrafos diferentes del proyecto de ley.

También se opone a considerar como agravante aquellos delitos de odio que “alteren la paz pública o creen un grave sentimiento de inseguridad o temor” entre los miembros de la comunidad objeto de ataque o acoso, por tratarse, sostiene, de “conceptos jurídicos absolutamente indeterminados”.

Vox ha sido objeto de numerosas denuncias por sus campañas en contra de los inmigrantes irregulares y la comunidad musulmana residente en España, a la que identifica colectivamente con la delincuencia y el terrorismo, pero hasta ahora no ha sido condenado por un delito de odio.

Además, el partido ultra propone eliminar de la ley de protección de los niños y adolescentes el objetivo de “superar los estereotipos de carácter sexista, racista, estético, homófobo o transfóbico”, con el argumento de que esta pretensión coarta la libertad que tienen los ciudadanos de expresar su opinión sobre “tales opciones sexuales, con base en su ideología, moral o creencias religiosas”. Y tampoco quiere que se forme a los docentes, jueces o fiscales en el impacto que los roles de género pueden tener sobre la violencia contra los menores; ya que “estos estereotipos”, asegura, pueden ser “los que, en ejercicio de su libertad religiosa y derecho sobre la educación de sus hijos, se presenten como deseables a la consideración de los padres”. A su juicio, prohibirlos “supondría un daño irreversible en la libertad de los padres para educar a sus hijos”.

En la misma línea, Vox tampoco acepta que se incluya como “publicidad que atenta contra la dignidad de la persona” o vulnera los valores y derechos constitucionales, aquella que “fomente estereotipos de carácter sexista, racista, estético o de carácter homófobo o transfóbico”.

Con sus enmiendas, el partido ultra ha pasado la goma de borrar sobre todas las referencias que se hacen en el texto a “las niñas”, alegando que el genérico “niños” incluye a ambos sexos, según la RAE: y, amparándose en la “mejora técnica y del lenguaje”, propone utilizar el término “discapacitados” en vez de “personas con discapacidad”; en contra de lo que dispone la convención de Naciones Unidas de 2006, ratificada por España.

También pide eliminar los llamados “indicadores de riesgo” que permiten intervenir a la Administración para prestar amparo al menor, cuando se dan una serie de circunstancias, entre las que el proyecto incluye la utilización de castigos habituales desproporcionados y “pautas de corrección violentas” o “la no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o características sexuales” del tutelado. Vox tacha este catálogo de “delirante” y se pregunta si la negativa a vacunar a los hijos o la educación segregada por sexos podría llegar a considerarse un “indicador de riesgo”.

Finalmente, propone suprimir la obligatoriedad de que los menores condenados por delitos contra la libertad sexual o de violencia machista tengan que seguir un curso de “igualdad de género” para rehabilitarse; y considera “innecesario” explicitar que las víctimas de delitos de violencia machista deben ser informadas de las medidas que se tomen para protegerlas de sus agresores.

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