CIDH investigará masacre en AMIA

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A man stands in front of a banner reading "Memory and justice" and with the names of the victims of the 1994 bombing attack on the Argentine Israeli Mutual Association (AMIA) community centre is seen during the 25th anniversary of the attack, in Buenos Aires, Argentina July 18, 2019. REUTERS/Agustin Marcarian

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de la Asociación Civil Memoria Activa, que agrupa a víctimas y familiares de las víctimas del atentado terrorista que 18 de julio de 1994 voló en Buenos Aires la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) para que se analice la responsabilidad del Estado argentino en relación a ese ataque y la situación de impunidad en la que se encuentra la causa judicial.

Redacción Israel Internacional.-

En su Informe de Fondo sobre ese hecho que dejó 85 muertos y 151 heridos, la CIDH “valoró que en el año 2005 el Estado aceptó su responsabilidad por el incumplimiento del deber de prevención y por no haber investigado el atentado de manera adecuada y efectiva”.

“El Estado no realizó un reconocimiento explícito respecto de los hechos posteriores al año 2005. Teniendo en cuenta esto, así como su rol de garante del orden público interamericano y la necesidad de determinar el alcance de la responsabilidad del Estado (argentino) y las características de las medidas de reparación, la Comisión en su analizó de manera integral todos los hechos y elementos de fondo materia del presente asunto”, señaló la CIDH en un comunicado de prensa.

Era conocido el estado de riesgo

La Comisión consideró, con base en los elementos desarrollados por la jurisprudencia interamericana, que el Estado “conocía la existencia de una situación de riesgo sobre sitios identificados con la comunidad judía argentina, particularmente después de la ocurrencia del atentado a la Embajada de Israel en 1992”.

En el documento se sostiene que “dicho riesgo era real e inmediato”, y una muestra de ello es que “existían medidas de seguridad del lugar, y que hubo hechos previos al atentado que llamaron la atención sobre la custodia de la AMIA”.

En función de ello, la CIDH estableció que “el Estado no adoptó las medidas razonables para evitar dicho riesgo, pues nunca se impulsó un plan general de combate al terrorismo, ni se tomaron otras medidas adecuadas para proteger el edificio”.

Aunque la comisión concede que no se probó que las omisiones tuvieran “un carácter deliberado” contra la comunidad judía, esas falencias prueban que las autoridades argentinas se abstuvieron de tomar medidas razonables para proteger a un grupo susceptible de sufrir un ataque discriminatorio”.

La CIDH concluyó que existe “una demora irrazonable en la investigación del atentado a la AMIA y respecto a los procesos por el encubrimiento, lo cual ha afectado el derecho a la verdad sobre lo ocurrido y ha tenido un especial impacto en las víctimas y sus familiares”.

En suma, la Comisión señaló  que el Estado argentino “es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, de acceso a la información, a las garantías judiciales, a la igualdad y a la protección judicial”.

En su Informe de Fondo la Comisión recomendó al Estado “Conducir y llevar a término, de manera eficaz la investigación de los hechos del caso; reparar adecuadamente todas las violaciones a los derechos humanos; adoptar e implementar las políticas y medidas necesarias para establecer un mecanismo de gestión y rendición de cuentas; y diseñar e implementar programas de formación y capacitación dirigidos a todos los miembros de los cuerpos de seguridad e inteligencia federales”.

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